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Estamos próximos a concretar un plebiscito nacional, el 26 de abril de 2020 y que tiene como objetivo recoger las voces de la ciudadanía sobre un cambio constitucional en Chile.
En este contexto, parte de la sociedad civil ha criticado en una carta pública la interpretación restrictiva del concepto de ciudadanía realizada por el SERVEL, excluyendo del padrón electoral a personas extranjeras con derecho a voto.
Esta situación afecta a cerca de 350.000 personas y trasgrede un derecho político fundamental, consagrado y normado por la constitución vigente.
Más allá del argumento legal, asistimos a una lamentable paradoja: se busca hacer participar a la ciudadanía, pero sin considerarla por completo en su diversidad. 
Las personas migrantes son ciudadanas en un sentido amplio de la palabra. Trabajan, viven y sueñan con un país mejor, donde sus esfuerzos sean justamente recompensados. Su participación política es esencial para profundizar los procesos democráticos y avanzar hacia una sociedad más dialogante.
En estos momentos, en que se condena la violencia que hemos vivido desde el 18 de octubre importa reflexionar sobre cuán violento es vivir en un país, pero no poder participar de sus decisiones.
Las y los migrantes son legítimos residentes de este territorio, hace al menos cinco años que viven en Chile y conocen de primera mano los servicios del Estado, las oportunidades económicas que existen, así como también las injusticias y vulnerabilidades que persisten en nuestra sociedad.
Como señala la carta abierta antes mencionada- firmada entre otros por la Red de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile- dejarlos fuera de este proceso formativo y democrático “significa crear nuevas condiciones sociales y políticas manteniendo discriminaciones y heridas que queremos dejar atrás”.
No se trata entonces de incluir o de tolerar, sino de construir juntos. En este sentido, las migraciones son fuente de riqueza, pues nos permiten transformarnos en una sociedad más democrática.
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