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¡Se regularizan o se van! Eso dijo el Presidente Boric en relación con la crisis migratoria que se vive en el norte del país y que repercute en toda la sociedad chilena. Sin entrar en consideraciones políticas, que no es el propósito de esta columna de opinión, sin perjuicio de que la actividad política nos está separando más que uniendo, cabe precisar qué se entiende por migración irregular y los procesos de regularización.
Se entiende por migrante irregular aquella persona que carece de un permiso vigente que lo habilite para permanecer en el territorio nacional. Ante esta situación el Estado puede adoptar diversas medidas como, por ejemplo, fortalecer los controles fronterizos aumentando la dotación del personal y los recursos tecnológicos, habilitar nuevos pasos fronterizos con su respectivo personal, agilizar o simplificar los trámites de obtención de documentación y promover la regularidad migratoria mediante mecanismos de regularización de extranjeros, fijando los requisitos correspondientes.
A lo anterior cabe agregar que los migrantes también tienen obligaciones esenciales que cumplir, como lo son el ingresar por pasos habilitados, presentar la documentación requerida por la autoridad nacional y cumplir con la legislación nacional como cualquier otra persona. Por lo mismo, todo Estado tiene el derecho de expulsar a extranjeros que no cumplan con la legislación, especialmente en materia migratoria, pero debe hacerlo en el marco de un procedimiento racional y justo.
Ahora bien, el criterio o política de “o se regulariza o se va” señalada por el Gobierno, resulta muy simplista ya que se debe tomar en consideración que no se podrá expulsar a todos los migrantes por el solo hecho de ser irregulares. Pensemos solamente en los niñas, niñas y adolescente migrantes irregulares que estudian en Chile y que se encuentran en situación irregular, y que seguirán estándolo por diversas razones, entre ellas por el temor a ser expulsado si inician los trámites de regularización, o por tardanzas injustificadas de la autoridad administrativa en otorgar la documentación, como al parecer sucede actualmente con el Servicio Nacional de Migraciones. Evidentemente, no pueden ser expulsados, todo lo contrario, se les debe facilitar su permanencia en el país y apoyar para regularizar su situación ya que ya han echado raíces en Chile, tiene familiares o persona a su cargo, así como amigos en su respectiva comunidad educativa.
Dr. Karl Müller, académico carrera Derecho UVM
Por otra parte, todo aquel que alegue la calidad de asilado o refugiado, tampoco pude ser expulsado por ser irregular ya que se encuentra amparado por el principio de no devolución y porque estas personas, debido a la condición que los afecta, generalmente tratarán de ingresar de forma clandestina o por un paso no habilitado. Lo anterior es sin perjuicio que deban contactarse con a la autoridad nacional competente a fin de solicitar que se le reconozca la calidad de tal.
Ahora bien, ante el masivo flujo migratorio, nuestro país ha adoptado diversas medidas para fortalecer la seguridad y control en nuestras fronteras con muy relativo éxito si se considera que tenían como propósito perseguir y sancionar el crimen organizado, así como la migración irregular y la trata de personas. Por cierto, estas medidas unilaterales del Estado resultan insuficientes. Se requiere materializar acuerdos de cooperación bilateral y regional en materia migratoria, así como implementar y fortalecer urgentemente controles fronterizos integrados con Bolivia y Perú.
No se debe olvidar, como bien se acordó en el Pacto Mundial para la Migración, que el bienestar de las personas migrantes es responsabilidad de los países de origen, tránsito y destino. Vale decir, no es un desafío que deba enfrentar y resolver un solo país. Por lo mismo, es muy cierto lo que señala el canciller van Klaveren en orden a que no debe hacerse un uso político ni electoral de esta crisis migratoria. Esto porque cuando se enfrentan grandes flujos migratorios, la capacidad de cualquier sociedad de acogida se desborda y, por ende, poco o nada se logra criticando a la autoridad nacional de turno, ya que es un desafío que se debe enfrentar y resolver con otros Estados que también tienen responsabilidad en respetar y garantizar los derechos de los migrantes.
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