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En Chile se ha experimentado un gran desarrollo económico y social, pero un retroceso respecto a la relación de conducta ética y de Derechos Humanos en la contemporaneidad, según comenta la estudiante del Diplomado Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Sostenible perteneciente a la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Viña del Mar (UVM), Alexandra Ahumada Saldes.
En este contexto, Ahumada hace la siguiente interrogante ¿por qué hablar de crisis ética cuando se plantea un problema de la crisis socioambiental en Chile? “Porque cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, no podemos olvidar que es un modo de gestionar ´éticamente los negocios´ considerando los impactos de las actividades en los diferentes grupos de interés, pero tenemos casos a nivel nacional que demuestran que algunas empresas no logran comprender el real alcance, responsabilidad y contribución al desarrollo sostenible bajo sus propias actividades en la cadena productiva sin menoscabar los derechos de las personas y las comunidades”.
La alumna UVM indica que “nos hemos quedado en una versión obsoleta del homo economicus y uno de los costos que está asumiendo nuestro país se relaciona directamente con los impactos ambientales sobre el ecosistema y la comunidad, reflejando un desarrollo insostenible y depredador que genera una masiva utilización de los recursos naturales, produciendo y generando contaminación y residuos bajo el modelo de producción”.
Agrega que “si una empresa no es ética, es simplemente una mala empresa. Ésta debe respetar los derechos humanos como normas básicas destinadas a garantizar la dignidad e igualdad para todos y el Estado tiene la obligación de protegerlos, sobre todo en tiempos de crisis medioambientales es primordial no olvidar los deberes y responsabilidades del ser humano con la naturaleza, los seres vivos y las generaciones futuras. A pesar de ello, en Chile tenemos graves problemas en esta índole como contaminación atmosférica, dificultades con los recursos hídricos, conservación de biodiversidad, cambio climático, residuos sólidos, suelo, entre otros”.
Alexandra Ahumana, alumna Diplomado UVM
Entonces cabe preguntarse ¿realmente es más importante el progreso y destrucción del patrimonio natural qué la prevención de daños irreparables al medioambiente? Al respecto la estudiante precisa que “si es una crisis ética que la industria inmobiliaria afecte directamente derechos humanos como Derecho a un medio ambiente libre de contaminación y derecho a la biodiversidad. Un claro ejemplo es el caso Dunas de Concón”.
Según el informe de mapas de conflictos socioambientales del INDH, la Región de Valparaíso posee 21 conflictos, de los cuáles hay 16 activos, 3 latentes y 2 cerrados. Respecto a los latentes se encuentra precisamente el de las Dunas de Concón, bajo las siguientes causas: contaminación de recursos naturales, emisiones de residuos y lugar de explotación.
“El sector es importante pues compone un elemento paisajístico de valor escénico, turístico y científico, esto por su origen geológico que data del período cuaternario, pero como caso de RSE implica varios grupos de interés: Ilustre Municipalidad de Concón y Ministerio del Medio Ambiente como actores estratégicos y como actores territoriales: Constructora Reconsa S.A, Intendente Raúl Celis, Organización Ciudadana Defendamos la Ciudad, Agrupación de Protección Ambiental de Concón y Red Duna Libre como organizaciones comunitarias”, detalla Ahumada.
Pero ¿qué permitió entonces el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el campo dunar? La estudiante, quien ha profundizado en el tema, detalla que “en 1993 fue declarada 50 hectáreas como Santuario de la Naturaleza por CMN bajo el Decreto Nº 481 legítimamente considerando el tema del medioambiente y relación del ser humano con el patrimonio natural. Al año siguiente, cediendo a presiones de la familia Sosa, propietarios del terreno, bajo el Decreto Nº 106 (1994) se permite modificar los límites dejando sólo 12 hectáreas protegidas, lo que permitió el proyecto de edificios en las dunas. Recién gracias a la iniciativa de la comunidad, el año 2006, se incorporaron 21, 8 hectáreas a la zona protegida bajo Decreto Nº 2131. El 2011 Reconsa, dueña de 21 de las hectáreas protegidas, decide cerrarlas al libre acceso público bajo el recurso de protección de su derecho a la propiedad, desatando una serie de protestas ciudadanas y recolección de firmas para impedir el cierre de las dunas”.
Añade que “en enero del año 2012 la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección que presentó Reconsa S.A, dejando sin efecto el decreto de paralización de obras, y recién en julio del mismo año, la Corte Suprema prohibió cualquier obra de construcción en el lugar, debido a la inexistencia de evaluación de impacto ambiental por parte de la empresa, pero en noviembre se anuló un permiso de edificación otorgado en 1996, dando paso a la construcción del Hotel Punta Piqueros. Finalmente, el año 2013 el fallo acoge el recurso presentado por las organizaciones ciudadanas de la región, se suspende la construcción del hotel y marca un antecedente en la forma en la cual se evalúan los impactos y obras de este tipo, dado que Reconsa nunca aplicó el principio precautorio para impedir la degradación irreversible del medio ambiente en un Santuario de la Naturaleza”.
Además, que “nunca respeto la participación pública ni el permiso social, nunca protegió las recomendaciones preventivas respecto a problemas ambientales en una zona de escasez hídrica, nunca presento un EIA y no considero como ámbito de Derechos Humanos la participación ciudadana, el Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos y el Derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales. Por ello, es importante que las empresas reconozcan su responsabilidad en todos los grupos de interés, cumplan sus expectativas legítimas y cumplan los marcos regulatorios. La RSE debe pasar al núcleo de la empresa como una arista rentable y ética del interés universal, pues fortalece la reputación, impulsa la calidad de gestión, precisa evaluación de los riesgos y apuesta a la calidad como motor de innovación, porque definitivamente el sentido de justicia sigue siendo una realidad que proteger”, concluyó.
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