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“Las empresas españolas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona, Renovalia y EDF están implicadas en el desarrollo del mayor corredor eólico de América Latina, que está provocando numerosos impactos en el territorio y en la población de la zona, predominantemente indígena”, esto según relata el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).
OMAL en su informe señala que “el proceso de construcción del Corredor Eólico Istmo de Tehuantepec no ha garantizado el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, ha implicado el uso de medios ilegales para modificar la propiedad de la tierra de la comunidad y falsas promesas para engañar a la población para que firme contratos de arrendamiento de sus tierras. Además, aunque la energía eólica se considera energía limpia, este megaproyecto está teniendo múltiples impactos en el territorio, que van desde cambios en el uso de la tierra e impactos ambientales, hasta la militarización y la masculinización del territorio”.
El texto precisa además que “a pesar de las diversas violaciones de los derechos y de las numerosas sentencias judiciales aún pendientes, las peticiones de cancelación de contratos o de suspensión de los proyectos iniciados sin consulta previa sólo han dado un resultado positivo en un pequeño porcentaje de los pocos casos”.
Claudia González, alumna Diplomado UVM
Respecto a este caso, la estudiante del Diplomado Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Sostenible perteneciente a la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Viña del Mar (UVM), Claudia González Noreña, explica que “las empresas involucradas generaron promesas para engañar a la población, estas personas confiaron sus tierras, sus tradiciones, construyendo e instalando equipos en sitios no autorizados por la comunidad indígena que vive en el territorio. Esto nos hace pensar que de nada sirve implementar RSE (responsabilidad social empresarial) en un gobierno si no se aplica de manera obligatoria”.
La estudiante UVM agrega que “no es posible y da mucho malestar el hecho que no se cuiden los recursos y que estas multinacionales con la escusa de producción de energía limpia, ingresen a un territorio, destruyan la población y su entorno, generando daños ambientales graves, esto sin que realicen ningún tipo de retribución a dichas comunidades, las que son tan arraigadas a sus tradiciones y dependientes de sus recursos”.
González añade que “el panorama seria totalmente diferente si los gobiernos del mundo implementarán la RSE de manera obligatoria, ya que de esta manera se protegerían los Derechos Fundamentales de las personas, y esto traería mayor desarrollo en las comunidades vulnerables, que se ven afectados por dichos abusos de empresas que no tienen una comunicación adecuada con sus stakeholders. De hecho los beneficios que traería para la comunidad e incluso para la misma empresa serían: alta productividad, desarrollo para las comunidades, visibilidad de los problemas y las demandas de las personas, clientes fidelizados, empleados éticos, credibilidad en las empresas, ventajas competitivas, liderazgo, cambio de la sociedad, mayor inversión en la empresa, reconocimiento, mayor confianza, ambientes de trabajo óptimos, mejoras en la calidad de vida y cuidado con el medio ambiente”.
Finalmente asevera que “la RSE en las empresas son fundamentales para su desarrollo y éxito. Son más los beneficios que su práctica trae que las consecuencias. Además, podemos observar que la responsabilidad empresarial cambia vidas y ayuda al crecimiento de las compañías de manera exponencial. Lo que reclama la comunidad es totalmente legítimo, por tanto, deben ser escuchados para solucionar sus requerimientos, puesto que están siendo vulnerados sus derechos por la mala intervención de las multinacionales afectando su calidad de vida. Las empresas tiene como obligación identificar, prevenir y corregir los daños que se causen por medio de la actividad que realizan, aplicando de manera correcta la RSE, procurando mejorar sus relaciones y actividades con los stakeholders de una manera transparente, velando por el bien mutuo sin afectar a las comunidades”, acotó.
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