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En estos complejos días la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) cobra mayor importancia en atención a la contingencia que estamos atravesando. La relación adecuada entre empresas y Derechos Humanos es bastante seria y que debe ser tomada como una prioridad inminente, sobre todo en tiempos de crisis.
Es así como la situación COVID-19, la cual ha tomado nuestra atención los últimos días, ha traído a la palestra cómo las empresas enfrentan esta coyuntura en relación a sus distintos grupos de interés, es decir aquellos que se ven afectados de manera directa o indirecta con las decisiones y actividades que desarrolle la empresa, como trabajadores y consumidores.
En este sentido, las empresas deben respetar los derechos fundamentales de los distintos stakeholders o grupos de interés asociados a ella. De esta forma, Chile ha manifestado su compromiso en esta temática, adoptando el primer Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas en el año 2017, teniendo como base Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas.
Ahora nos preguntamos ¿qué herramientas permiten a las empresas implementar un adecuado resguardo a los derechos fundamentales de los grupos de interés? Precisamente en este punto, encontramos la RSE, la cual se basa en una contribución activa y voluntaria por parte de la empresa con el fin de mejorar el entorno social, económico y ambiental.
En razón de lo anterior, la RSE es una actuación meramente voluntaria, pero necesaria si comprendemos que las empresas deben estar orientadas a un desarrollo sostenible, es decir deben crear valor económico, medioambiental y social a corto, mediano y largo plazo. De esta forma, las empresas en obediencia a este principio moral, ético y social, deben implementar en su plan estratégico de negocios medidas adecuadas que permitan resguardar los derechos de sus grupos de interés, puesto que hoy se encuentra en riesgo uno de lo más importante, el derecho a la vida.
Entender que la persona es el centro de cualquier organización humana nos llevará en consecuencia a respetar todos sus derechos. Las utilidades en la actividad comercial son fundamentales, pero su consecución no puede transgredir ni poner en riesgo el capital humano que interviene en las cadenas de suministro y sus diferentes grupos de interés como consumidores, comunidad o medio ambiente.
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